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 Economía y Comercio :: Inversiones
 
Inversiones

La normativa boliviana para las inversiones comprende a:

  • Ley de Inversiones

    Ley Nº 1182 de 17-09-1990 de Inversiones , tiene como objetivo estimular y garantizar la inversión nacional y extranjera, para promover el crecimiento y desarrollo económico y social de Bolivia, mediante un sistema que rija tanto para las inversiones nacionales como extranjeras. Los puntos salientes de la Ley son que Garantiza:

    Igual tratamiento, mismos derechos, obligaciones y garantías, al inversionista nacional y extranjero. La inversión privada, así mismo, no requiere de autorización previa o registro ante entidades de cualquier tipo.

    El derecho a la propiedad sin ninguna limitación, con excepción de aquellas estipuladas por la Constitución y/o leyes. No existen restricciones al ingreso y salida de capitales o a la remisión al exterior de dividendos, intereses y regalías.

    La libre convertibilidad de la moneda y la facultad para efectuar todo tipo de operaciones en moneda nacional o extranjera.

    La libertad de contratar seguros de inversión en el país o en el exterior.

    La libre importación y exportación de bienes y servicios.

    La libre determinación de precios y la libertad de producción y comercialización de bienes y servicios.

    La libertad de someter las diferencias contractuales a tribunales arbitrales.

    La libertad de negociar y establecer salarios y beneficios laborales entre las partes (empleadores y trabajadores).

    La libertad de realizar inversiones conjuntas entre inversionistas nacionales y extranjeros, bajo la modalidad de contratos de riesgo compartido (joint ventures).

  • Ley Corazón

    La Ley Nº 1961 de 23-03-1999 “Corredores de Exportación de Energía, Hidrocarburos y Telecomunicaciones de Necesidad Nacional” flexibiliza los alcances del Artículo 25 de la Constitución Política del Estado, al modificar las cláusulas concernientes a la prohibición para nacionales extranjeros de realizar distintas actividades privadas dentro de los 50 kilómetros de la frontera nacional, a no ser que dichas actividades sean consideradas de necesidad nacional.

    La Ley declara a las siguientes actividades de necesidad nacional:

    Construcción y operación de ductos para el transporte y comercialización de hidrocarburos y sus derivados;

    Construcción y operación de todo tipo de instalaciones para la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad; y

    Construcción y operación de todo tipo de instalaciones para la transmisión de datos, señales, imágenes, sonido e información en general por cualquier medio o sistema de telecomunicaciones.

    Esta Ley fomentará la actividad privada extranjera en los sectores mencionados, en un área geográfica que tradicionalmente estuvo cerrada a la participación de intereses privados extranjeros.

  • Código de Comercio

    El Código de Comercio regula todas las relaciones jurídicas derivadas de la actividad comercial. Por tanto, están sujetas a las disposiciones de ésta Ley las siguientes actividades:

    La compra de mercaderías o bienes inmuebles destinados a su venta en el mismo estado o después de alguna transformación, y la subsecuente enajenación de ellos, así como su permuta;

    La adquisición o alquiler de maquinaria en general o implementos para alquilarlos o subalquilarlos y el alquiler o subalquiler de los mismos;

    La compra venta de una empresa mercantil o establecimiento comercial o la enajenación de acciones, cuotas o parte interés del fondo social;

    La recepción de dinero en préstamo o mutuo con garantía o sin ella, para proporcionarlo en préstamo a interés y los préstamos subsiguientes, así como dar habitualmente préstamos en dinero a interés;

    La compra o permuta de títulos valores públicos o privados, con el ánimo de negociarlos y el giro, otorgamiento, aceptación o negociación de los mismos;

    Las operaciones de bolsa, de rematadores, el corretaje, las comisiones y la representación o agencias de firmas nacionales o extranjeras;

    Las fianzas, avales y otras garantías otorgadas en actos y operaciones mercantiles;

    La actividad empresarial de las entidades que medien habitualmente entre la oferta y la demanda pública de recursos financieros, así como las operaciones y servicios de intermediación de las mismas y el cambio de monedas;

    La actividad empresarial de entidades de seguros a prima o mutuos, sobre daños patrimoniales y personas;

    La actividad industrial dedicada a la fabricación de bienes mediante la transformación de materias primas, adquiridas o de propia producción;

    La actividad empresarial de transporte de personas o cosas a título oneroso, cualquiera sea la vía o medio utilizado, así como el ramo de comunicaciones;

    La actividad empresarial de depósito de mercaderías y bienes, así como suministros;

    La actividad empresarial de hoteles, pensiones, residenciales, restaurantes, bares, cafés, espectáculos públicos y otros establecimientos semejantes;

    La actividad empresarial de publicación de periódicos, editoriales, tipografías, fotografías, multicopias, librerías, noticias, informaciones y propaganda;

    La actividad empresarial de sanatorios, clínicas, farmacias y otras similares, incluyendo las funerarias;

    La actividad empresarial de construcciones y edificaciones en general, comprendiendo las dedicadas a montajes, instalaciones y otros;

    La actividad empresarial dedicada a la industria extractiva, así como el aprovechamiento y explotación de recursos naturales renovables y no renovables;

    La actividad empresarial de promoción de negocios o de su administración;

    Las empresas privadas de educación y enseñanza organizadas con fines de lucro;

    Las actividades bancarias; y

    Los demás actos y contratos regulados por el Código.

    El Código de Comercio vigente desde 1978 está en proceso de readecuación, asimismo, muchas de las facultades descritas en el Decreto Ley han sido abrogadas por leyes posteriores (Ej., actividades bancarias, bursátiles, seguros, transporte, hospedaje, prensa, exploración y explotación de recursos naturales y renovables, educación, etc.). Sin embargo, y debido a que el Código sigue en vigencia, es un documento importante para las actividades del empresario privado.

  • Ley del Mercado de Valores

    La Ley Nº 1834 de 31-03-1998, del Mercado de Valores tiene por objeto regular y promover un mercado de valores organizado, integrado, eficaz y transparente. Su ámbito de aplicación se extiende al Mercado de Valores bursátil y extrabursátil, a la oferta pública y a la intermediación de Valores, a las bolsas de valores, las agencias de bolsa, los administradores de fondos y los fondos de inversión, las sociedades de titularización y la titularización, las calificadoras de riesgo, los emisores, las entidades de depósito de valores, así como a las demás actividades y personas naturales o jurídicas que actúen en el Mercado de Valores del país. Adicionalmente, norma el funcionamiento y atribuciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, encargada de la fiscalización, control y regulación del Mercado de Valores.

    La Ley contiene aspectos atrayentes que servirán para promover la actividad bursátil en el país. Un primer incentivo se refiere a los incentivos tributarios creados con el Artículo 117. En él se establece que las ganancias de capital generadas por la compra/venta de acciones a través de la bolsa de valores no estarán gravadas por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ni por el Impuesto a las Utilidades (IU). Asimismo, las ganancias de capital enviada al exterior, proveniente de la compra o venta de acciones, están exentas del Impuesto a las Utilidades (IU) a las remesas del exterior por un plazo de 5 años. Finalmente, el Impuesto a las Transacciones (IT) no se aplica a todo ingreso proveniente de las inversiones en valores. En conjunto, las disposiciones anteriores implican que la tributación a la que normalmente se encuentran sujetos las ganancias de capital y otros ingresos en otros países no se aplican en Bolivia, por lo que el fenómeno de doble tributación – norma estándar en la legislación de otras naciones – no existe en el país.

    Un punto positivo adicional se refiere a los incentivos que la Ley crea para la creación de entidades con actividades conexas a la del mercado de valores. Específicamente, la Ley norma y establece parámetros de funcionamiento de entidades de depósito de valores, de calificadoras de riesgo, de sociedades de titularización y de sociedades administradoras de diferentes tipos de fondos de inversión. A mediano plazo, se espera que en respuesta a una mayor actividad bursátil, este tipo de instituciones financieras empiecen a realizar y/o incrementar sus actividades en el país.

  • Código de Minería

    La Ley Nº 1777 de 15-03-1997 (Código de Minería) delimita el marco legal en el que se desenvuelven las actividades mineras del país. Establece que los minerales existentes, cualquiera que fuese su origen o forma de yacimiento, pertenecen al dominio originario del Estado boliviano.

    Las corporaciones y entidades dependientes de estados y gobiernos extranjeros, con personería de derecho privado, los organismos internacionales multilaterales y las entidades que de ellos dependan, podrán realizar actividades mineras y obtener los mismos derechos contemplados en el marco legal establecido por el Código.

    El Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo, puede declarar reserva fiscal a determinadas zonas del país, exclusivamente para la ejecución de catastros mineros, respetando derechos preconstituidos.

    Se establece un régimen impositivo minero simple y competitivo, que se aplicará en forma obligatoria a todas las empresas mineras, constituidas o por constituirse en territorio boliviano que extraigan, produzcan, beneficien, refinen, fundan y/o comercialicen minerales y/o metales.

    En contraposición a disposiciones legales anteriores, el Código tiene la característica de no generar problemas legales (tiene un carácter "no pleitista"), debido a la claridad en sus definiciones, competencia y alcances. Adicionalmente y en forma complementaria, establece principios claros para la ubicación y delimitación de concesiones mineras, por lo que se minimiza la incertidumbre de inversionistas respecto a derechos adquiridos mediante una concesión.

  • Ley de Electricidad

    La Ley Nº 1604 de 21-12-1994, norma las actividades de la industria eléctrica y establece los principios para la fijación de precios y tarifas de electricidad en todo el país. Están sometidas a la misma, las personas individuales y colectivas dedicadas al sector.

    El Ministerio de Hidrocarburos y Energía, a través del Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas, son las entidades cabezas del sector. El Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas propone normas reglamentarias de carácter general y las mismas son aplicadas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad -AE.

    Para realizar actividades en la industria eléctrica, las empresas extranjeras deben conformar subsidiarias, mediante la constitución en Bolivia de una sociedad anónima, de conformidad a las disposiciones del Código de Comercio. Se exceptúan las sucursales de empresas extranjeras existentes que sean titulares de una concesión otorgada por la Dirección Nacional de Electricidad, con anterioridad a la promulgación de esta Ley.

    Las empresas eléctricas en el sistema interconectado nacional deben estar desagregadas en empresas de generación, transmisión y distribución y dedicadas a una sola de estas actividades.

    La transmisión en el sistema interconectado nacional opera bajo la modalidad de acceso abierto. Esta modalidad permite a toda persona individual o colectiva, que realice actividades en la industria eléctrica, utilizar las instalaciones de las empresas de transmisión para el transporte de electricidad de un punto a otro, sujeto al pago de una tasa.

    En los sistemas aislados (aquellos que no son parte del sistema interconectado nacional), las actividades de generación, transmisión y distribución pueden estar integradas en una sola entidad.

    Requieren concesiones de servicio público, las actividades de distribución y las que sean desarrolladas en forma integrada en sistemas aislados.

    Requieren licencia las actividades de generación, cuando la potencia sea superior a los mínimos establecidos en el reglamento, así como la transmisión y la transmisión asociada a la generación.

    Las siguientes actividades de la industria eléctrica no requieren concesión ni licencia:

    La producción de electricidad con destino al suministro a terceros o al uso exclusivo del productor, que se realice por debajo de los límites establecidos en reglamento.

    La distribución ejercida por un auto productor y que no constituya servicio público.

    Las que se realicen en forma integrada en sistemas aislados, cuyas dimensiones estén por debajo de los limites establecidos en reglamento.

    El Decreto Supremo 24043 enmarca el Reglamento de Operación del Mercado Eléctrico, el Reglamento de Concesiones, Licencias y Licencias Provisionales, el Reglamento del Uso de Bienes de Dominio Público y Constitución de Servidumbres, el Reglamento de Precios y Tarifas, el Reglamento de Calidad de Distribución y el Reglamento de Infracciones y Sanciones.

  • Ley de Telecomunicaciones

    La Ley 1632 de 5-07-1995 y la Ley 2328 de 4-02-2002, establecen las normas para regular los servicios públicos y las actividades de telecomunicaciones. Ellas comprenden la transmisión, emisión y recepción, a través de una red pública o privada, de señales, símbolos, textos, imágenes fijas y en movimiento, voz, sonido, datos o información de cualquier naturaleza, o aplicaciones que faciliten los mismos, por cable o línea física, radioelectricidad, ondas hertzianas, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos, de cualquier índole o especie.

    Están sujetas a la Ley las personas individuales y colectivas, nacionales y extranjeras, que realicen las actividades mencionadas, originadas o terminadas en territorio nacional.

    El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda son las entidades encargadas de ejercer funciones relativas al sector de telecomunicaciones. El Poder Ejecutivo reglamenta el sector, estableciendo normas de carácter general para su aplicación por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Transportes y Telecomunicaciones (ATT).

     

    La Provisión de servicios de telecomunicaciones al público o la operación de una red pública de telecomunicaciones, requiere la otorgación de una concesión a través de la firma de un contrato entre el titular de la concesión y la ATT.

  • Ley de Hidrocarburos y sus modificaciones

    La Ley Nº 3058 de 17-05-2005 norma las actividades hidrocarburíficas que deben ser cumplidas tanto por nacionales o extranjeros que realicen este tipo de actividades. El Estado Plurinacional de Bolivia ejercerá, a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), su derecho propietario sobre la totalidad de los hidrocarburos.

    Establece que la propiedad de los hidrocarburos cualquiera que sea su estado en que se encuentren o la forma en que se presenten, son del dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado. Ninguna concesión o contrato podrá conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos a intereses privados u otros.

    La exploración, explotación, comercialización, transporte, almacenaje, refinación e industrialización de los hidrocarburos y sus derivados corresponden al Estado, derecho que será ejercido a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), sociedades mixtas o por personas individuales o colectivas del ámbito público o privado, conforme a establece la Ley.

    La actividad de comercialización para exportación de Gas Natural, será realizada por el Estado, a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como agregador y cargador, por personas individuales o colectivas, públicas o privadas o asociado con ellas, conforme a Ley.

    La importación de hidrocarburos será realizada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), por sí o por contratos celebrados con personas individuales o colectivas, públicas o privadas, o asociado con ellas, sujeto a reglamentación.

  • Ley del Medio Ambiente

    La Ley Nº 1333 de 27-04-1992 regula las acciones del hombre con respecto a la naturaleza y promueve el desarrollo sostenible en territorio boliviano, prohibiendo la introducción de materiales radioactivos en depósito o tránsito por territorio nacional.

    Las obras, proyectos, actividades públicas o privadas con carácter previo a la fase de inversión, si así lo requieren, deben contar obligatoriamente con la identificación de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

    Las obras, proyectos o actividades que por sus características requieran un estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, con carácter previo a su ejecución, deberán contar con la Declaratoria de Impacto Ambiental procesada por los organismos sectoriales, expedida por el Viceministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente.

    El Estado boliviano garantiza el derecho de uso de particulares sobre los recursos naturales renovables, siempre y cuando no perjudique el interés colectivo y asegure el uso sostenible de los mismos.

    La industria forestal debe estar orientada a favorecer los intereses nacionales, potenciando la capacidad de transformación, comercialización y aprovechamiento adecuado de los recursos forestales, aumentando el valor agregado de las especies. Las empresas madereras deben, mediante programas de forestación industrial, reponer los recursos madereros extraídos de los bosques.

  • Decisión 291 del Acuerdo de Cartagena

    La Decisión 291 “Régimen Común de Tratamiento de los capitales extranjeros y tratamiento de marcas, patentes, licencias y regalías”, aprobada por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, define la Inversión Extranjera Directa, al Inversionista Nacional, al Inversionista Subregional, al Inversionista Extranjero, a la Empresa Nacional, la Empresa Mixta, la Empresa Extranjera, el Capital Neutro y la Reinversión.

    Estipula los derechos y obligaciones de los inversionistas extranjeros, la potestad de los países miembros a designar al organismo u organismos nacionales competentes en la aplicación de las obligaciones contraídas por las personas naturales o jurídicas extranjeras, a los que hace referencia éste régimen.

    Establece el marco legal para los contratos de marcas o patentes, transferencias de tecnología, asistencia técnica, servicios técnicos, ingeniería básica y de detalle y demás contratos tecnológicos, así como el tratamiento a las inversiones de la Corporación Andina y de las entidades con opción al tratamiento del capital neutro.

  • Decisión 292 del Acuerdo de Cartagena

    La Decisión 292 “Régimen Uniforme para las Empresas Multinacionales Andinas, aprobada por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, define a la Empresa Multinacional Andina y establece los requisitos, la constitución, el funcionamiento y el tratamiento de la misma.

    Instituye que las empresas de los Países Miembros de la Comunidad Andina –CAN- deberán constituirse como sociedades anónimas, con sujeción al procedimiento previsto en la legislación nacional correspondiente y agregar a su denominación las palabras “Empresa Multinacional Andina” o las iniciales EMA.

    Los aportes de inversionistas extranjeros y subregionales se harán en moneda libremente convertible, o en bienes físicos o tangibles, tales como plantas industriales, maquinarias nuevas o reacondicionadas, equipos nuevos o reacondicionados, repuestos, partes, piezas, materias primas o productos intermedios provenientes de cualquier país distinto al país de origen; o en moneda nacional proveniente de recursos con derecho a ser remitidos al exterior. También podrán realizarse aportes en la forma de contribuciones tecnológicas intangibles, bajo las mismas condiciones que se establezcan para los inversionistas extranjeros.

    Las empresas multinacionales andinas y sus sucursales gozarán de un tratamiento no menos favorable que el establecido para las empresas nacionales, en materia de preferencias, para las adquisiciones de bienes o servicios del sector público.

    Las EMAs tendrán acceso a los mecanismos de fomento a las exportaciones en las mismas condiciones previstas para las empresas nacionales. Asimismo, podrán utilizar los sistemas especiales de importación y exportación establecidos en la legislación nacional del país miembro del domicilio principal y de la sucursal.

    Podrán participar en los sectores de la actividad económica reservados para las empresas nacionales, de conformidad con las respectivas legislaciones de los países miembros.

    Las sucursales de las empresas multinacionales andinas tendrán derecho a transferir al domicilio principal, en divisas libremente convertibles, la totalidad de sus utilidades netas comprobadas que provengan de su inversión directa, previo pago de los impuestos correspondientes.

    Los inversionistas extranjeros y subregionales en una empresa multinacional andina, tendrán derecho a transferir al exterior, en divisas libremente convertibles, la totalidad de las utilidades netas comprobadas que provengan de su inversión directa, previo pago de los impuestos correspondientes.

En materia de impuestos nacionales internos, gozarán del mismo tratamiento establecido o que se estableciere para las empresas nacionales en la actividad económica que desarrollen.

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